La desforestació ha estat des de sempre un mètode d'aprofitament dels recursos forestals per a la indústria de la fusta, la indústria minera, i no pot faltar, l'aclariment d'importants porcions de terreny per a l'agricultura i la ramaderia. El problema ve quan aquesta desforestació passa a ser un impacte per la natura, provocant la modificació de l'hàbitat de milions d'espècies, incendis (que alhora són un risc per a nosaltres), etc. Això és el que ha succeït a l'Amazona Legal aquest darrer setembre.
L'institut Nacional d'Estudis Espacials (INPE) ha divulgat una sèrie de dades que mostren com uns 964 quilometres quadrats de selva amazònica estan en alerta de desforestació des del passat setembre, la segona pitjor xifra des de 2015. Aquesta pujada ha fet que s'activessin les alarmes, i s'iniciés un pla de gestió ambiental que consisteix a emetre emissions diàries de l'alteració a la cobertura forestal de més de tres hectàrees per d'aquesta manera, actuar el més ràpid possible.
Bombers i voluntaris en un incendi a l'amazona brasilera el passat setembre.El Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE), encargado de monitorear la deforestación en Brasil, divulgó este viernes los datos de septiembre en la Amazonía Legal, área delimitada por el Gobierno que engloba nueve Estados brasileños con vegetación amazónica y que corresponde al 59% del territorio del país. Según el organismo federal, 964 kilómetros cuadrados de selva amazónica estuvieron en alerta de deforestación en septiembre, la segunda peor cifra del mes desde que el Sistema de Detección de la Deforestación en Tiempo Real (DETER) empezó a realizar las alertas sobre la cobertura forestal, en 2015.
La mayor área de deforestación bajo alerta en un mes de septiembre fue en 2019, cuando del DETER señaló un riesgo en 1.454 kilómetros cuadrados de la Amazonia Legal. Desde 2015 las alertas vienen aumentando año tras año: 497 kilómetros cuadrados ese año, 691 kilómetros cuadrados en 2016 y 746 kilómetros cuadrados en 2018. Entre 2015 y 2018, el promedio mensual de alertas de deforestación emitidas por el DETER fue de 576 kilómetros cuadrados. Desde 2019, cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia, la cifra mensual aumentó hasta los 1.189 kilómetros cuadrados. Según el Observatorio del Clima, red compuesta por 52 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, los fuegos en la Amazonía entre mayo y septiembre fueron un 21% más extensos en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Entre los nueve Estados que forman parte de la Amazonía Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima y Tocantins), Pará fue donde se registró el área más grande en estado de alerta: 426 kilómetros cuadrados, seguidos por los 184 de Mato Grosso y los 157 de Rondonia. São Félix do Xingu, en Pará, fue el municipio que más deforestó, con más de 70 kilómetros cuadrados.
Desde hace cinco meses, el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, que dirige la Operación Verde Brasil 2, ha desplegado parte de las Fuerzas Armadas para luchar contra la deforestación y los incendios en la Amazonía. Aun así, el Observatorio del Clima advierte de que, durante los meses más secos de año (de mayo a septiembre), que corresponden con la labor de la Operación, la deforestación está siendo el doble que los tres años anteriores.
La deforestación está siendo el talón de Aquiles del Gobierno, atrayendo críticas y la presión nacional e internacional de la sociedad civil e incluso de la iniciativa privada, que teme perder negocios en el extranjero en función de la falta de resultados en dicha área. El Gobierno brasileño llegó a recibir una carta de embajadores de ocho países, además de un manifiesto firmado por bancos, empresas y fondos de inversión exigiendo una acción más efectiva para la protección de la Amazonia y, más recientemente, del Pantanal. Con todo, el presidente Jair Bolsonaro, al igual que Mourão, están adoptando un discurso que niega su responsabilidad. Bolsonaro llegó a culpar a los indígenas durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, por más que todas las pruebas apunten a la acción de hacendados tanto en la Amazonía como en el Pantanal, como indican las investigaciones de la Policía Federal de este año y del año pasado.
“Las cifras de la deforestación siguen siendo altas e inaceptables. Mientras el vicepresidente demuestra el mismo negacionismo del presidente y del ministro de Medio Ambiente ante la crisis ambiental, los delincuentes campan a sus anchas en la Amazonia, sabiéndose impunes”, afirma Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima. “Esa actitud produce destrucción, fuga de capitales, emisiones de carbono y daños comerciales, como hemos visto esta semana con el anuncio del Parlamento Europeo de no ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”, completa.
El objetivo del Sistema de Detección de la Deforestación es el de emitir señales diarias de alteración en la cobertura forestal de áreas de más de tres hectáreas, que sirven tanto para las áreas totalmente deforestadas como para las que están en alerta de degradación forestal. A pesar de señalar las áreas que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente tiene que supervisar, al DETER no le incumbe la divulgación de los índices oficiales de deforestación. Dichos índices, que son los que considera el Gobierno federal, los mide el PRODES (Proyecto de Monitoreo de la Deforestación en la Amazonia Legal por Satélite), otro organismo del INPE, que publica los datos una vez al año, tomando el periodo comprendido entre agosto y julio. Durante el curso 2018 y 2019, el índice del PRODES fue un 42% superior al publicado por el DETER para el mismo periodo.
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