Amb aquesta llei, es proposa l'abandonament dels
combustibles fòssils, a través del
tancament de les centrals tèrmiques (de carbó, fuel o gas natural) que
funcionen amb ells, la prohibició que es construeixin altres noves i l'ús
de les energies alternatives per a reemplaçar als combustibles fòssils.
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| Central térmica de carbón de Dolna Odra en Polonia. |
La Comisión Europea quiere blindar a través de una ley la
erradicación de las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía del
viejo continente. El objetivo que ya han consensuado los Veintisiete y el resto
de instituciones es el fin de esas emisiones ―cuya principal fuente son los
combustibles fósiles― en 2050. Y, para alcanzar esa meta, la Comisión lanzará
el miércoles una propuesta de regulación que le permitiría analizar cada cinco
años la senda de descarbonización de la UE y verificar si las medidas adoptadas
por los Veintisiete son suficientes. Además, en el borrador de la Ley Europea
del Clima, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ejecutivo de Ursula von der
Leyen se compromete en septiembre a aumentar los objetivos de reducción de
emisiones de dióxido de carbono para 2030. Doce países, entre ellos España y
Francia, han pedido adelantar esa fecha a junio.
La Comisión Europea quiere blindar 2050 como el año para
alcanzar la neutralidad climática en el continente. El vicepresidente
ejecutivo, Frans Timmermans, mañana dará el pistoletazo de salida la
consagración de esa fecha en una propuesta de regulación que señala que ese
objetivo debe ser alcanzado “de forma colectiva” mediante la adopción de las
“medidas necesarias” por parte de las instituciones europeas. Ese borrador de
ley deberá ser negociado con el Consejo y la Eurocámara, donde hay sectores que
ya ven con recelos algunos aspectos de la propuesta.
La UE logró salvar los muebles el pasado mes de diciembre
después de que los jefes de Estado y Gobierno pactaran la meta de cero
emisiones de dióxido de carbono en 2050. Esa fue, sin embargo, una amarga
victoria para el bloque comunitario por la salvedad que obligó a introducir
Varsovia. Polonia, una de las mayores economías del continente y de las más
dependientes del carbón, decía no estar en disposición de cumplir esos
objetivos. Por ahora, el bloque comunitario está usando la zanahoria para
convencer al Gobierno de Kaczynski: con dinero y buscando flexibilidad
asumiendo que unos Estados harán más que otros.
Doce países de la UE urgen a la Comisión a que endurezca ya
sus objetivos climáticos
Pero si la negociación para fijar la meta de la neutralidad
climática ―que las emisiones de efecto invernadero sean cero o que se compensen
con las absorciones, por ejemplo, a través de nuevos bosques― para dentro de 30
años fue complicada, podría serlo aún más establecer nuevos objetivos más
ambiciosos para dentro de solo una década. En 2014 la UE se comprometió a
reducirlas un 40% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Ese fue el plan que
puso sobre la mesa Europa cuando firmó el Acuerdo de París en 2015 ―todos los
países firmantes deben presentar planes de recorte con metas concretas cuando
se suman al pacto climático―. Pero la UE sabía que debía revisarlo al alza,
como el resto de firmantes, en 2020.
La ley que Timmermans presentará mañana no solo es la pieza
clave del Nuevo Pacto Verde. También es la fórmula con la que Bruselas quiere
atar a los países a descarbonizar la economía europea en las próximas tres
décadas. Para ello, la Comisión Europea quiere elevar el listón y “revisar el
objetivo climático de la Unión para 2030 y explorar nuevas opciones para una nueva
meta en 2030 para una reducción del 50% al 55% en las reducciones de emisiones
en comparación con los niveles de 1990”, según el borrador. Bruselas se
compromete a tener preparada para junio de 2021 una evaluación de todo cuanto
debe retocar para llegar a esa aspiración. La Comisión propone en el borrador
fijar la trayectoria a partir de 2030 teniendo en cuenta criterios como la
competitividad de la economía, la mejor tecnología disponible, la eficiencia
energética, la justicia y solidaridad entre países miembros y en las
transiciones y las pruebas científicas que vayan publicándose.
Un grupo de 12 países, no obstante, han enviado una carta a
Timmermans reclamándole que actualice lo antes posible sus planes de recorte de
emisiones de gases de efecto invernadero. España, Francia, Italia y Holanda,
entre otros, quieren llegar a la Cumbre del Clima de Glasgow, que se celebra en
noviembre, con los deberes hechos y piden más ambición a la Comisión Europea.
Alemania, que no firma esa carta, se ha comprometido para 2050, pero titubea en
cuanto a aumentar los recortes para 2030. Y en el otro extremo, el llamado Eje
de Visegrado —Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia— arrastra los pies
al considerar que una mayor ambición puede suponer un frenazo a sus economías.
Esta década será clave en la lucha contra el calentamiento
global, según se desprende de los informes elaborados por el IPCC, el grupo de
científicos que asesora a la ONU. El Acuerdo de París establece una meta: que
el incremento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados
centígrados respecto a los niveles preindustriales y, en la medida de lo
posible, los 1,5 grados. Las emisiones de gases de efecto invernadero que el
ser humano ha emitido desde la Revolución Industrial han llevado ya ese
incremento de la temperatura a 1 grado. Y los planes que los países firmantes
del Acuerdo de París han puesto hasta ahora sobre la mesa harán, según los
análisis de la ONU, que aumente entre tres y cuatro grados a final de siglo.
Por eso el Acuerdo de París fijaba un sistema de revisión al
alza de los planes de recorte de emisiones de los Estados, que deben
actualizarse cada cinco años. La propuesta de la Comisión hace suyo también ese
sistema al instaurar revisiones cada cinco años de la senda hacia la
descarbonización de Europa. Propone ir comprobando cada paso que se da y
adoptando nuevas medidas mediante “actos delegados”. Esa figura permite sortear
las complejas y largas negociaciones con el Consejo y el Parlamento Europeo,
que simplemente deberían decir si están o no de acuerdo con las propuestas que
les lleve el Ejecutivo. Los sectores más conservadores de ambas instituciones,
sin embargo, recelan de esa posibilidad.
Para asegurar que Europa no se desvía de esa senda, a partir
de 2023 Bruselas cada cinco años hará una evaluación del progreso en el
conjunto de la Unión y de las medidas adoptadas por los países. En caso de que
el Ejecutivo comunitario vea que el conjunto de los Veintisiete pierde el
ritmo, podrá tomar “las medidas necesarias” para enderezar la situación. En el
caso de los países, podrá formular recomendaciones y hacerlas públicas. Los
países las “deberán tener en cuenta” en un “espíritu de solidaridad” entre
Estados y, en caso de ignorarlas, deberán explicar a la Comisión las razones de
ese rechazo. La transparencia y la rendición de cuentas públicas es también
otro de los ejes del Acuerdo de París, que, a diferencia de otros tratados, no
contempla sanciones por los incumplimientos. Bruselas, con su propuesta, asume
esa misma filosofía y apuesta por hacer públicos los análisis de los
incumplimientos de los Estados como herramienta de presión.
La propuesta de ley, además, reafirma la vocación de la UE a
ejercer un “liderazgo global” en la transición hacia la neutralidad climática.
Se trata de la “diplomacia climática” que Bruselas quiere desplegar con
instrumentos como los tratados comerciales, en los que quiere incluir cláusulas
para que sus socios asuman los Acuerdos de París. Ello no solo tiene un
objetivo de arrastrar a otros Estados hacia sus objetivos, sino también de
asegurar que otras regiones no ejercen una competencia desleal y evitar lo que
se conoce como fuga de carbono (el traslado de una empresa debido a la
aplicación de unas políticas climáticas solo en un determinado territorio).
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| Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, en la Eurocámara. |
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